El pedido hace referencia a un aumento desproporcionado de casos de sobredosis en ese grupo de población, así como a un mayor consumo y participación de estas en el narcotráfico y las redes criminales.
Uno de los puntos del informe de la JIFE sugiere a las autoridades priorizar la atención de salud pública y el acceso a tratamientos para las mujeres dependientes de esas sustancias. Además de destinar más recursos financieros a la cuestión.
Francisco Thoumi, es miembro de la Junta:
«En términos de usuarios por cada tres hombres hay solamente una mujer. Sin embargo, por cada cinco hombres que reciben tratamiento o están en programas de rehabilitación y reinserción social, solamente hay una mujer. Hay un desequilibrio, un sesgo muy grande en las políticas, que priorizan a los hombres sobre las mujeres».
El estudio señala que es más probable que se prescriban narcóticos para el tratamiento de la ansiedad y el dolor a las mujeres, lo que facilita el abuso de esas drogas. También son muy vulnerables las que se encuentran en prisión y las trabajadoras del sexo.
Por otra parte, llama a la protección de las que cometen delitos menores y de sus familias, porque el impacto social de medidas severas es mayor cuando se trata de mujeres, por el rol que desempeñan en la sociedad.
Por ejemplo, propone medidas alternativas a la prisión para abordar la posesión y el uso personal de sustancias ilícitas.
