Alertamos en un nuevo informe de la crisis humanitaria que afecta a las personas forzadas a huir de Honduras, Guatemala y El Salvador. La violencia y el sufrimiento que padecen no son diferentes a lo que experimentan las poblaciones en zonas de conflicto: necesitan protección internacional y ser tratadas con dignidad y humanidad.
Los centroamericanos que se ven obligados a huir de la violencia extrema en Honduras, Guatemala y El Salvador son víctimas por partida doble a lo largo de la ruta migratoria hacia México y Estados Unidos. Así lo denunciamos en ‘Forzados a huir del Triángulo Norte de Centroamérica: una crisis humanitaria olvidada’, un nuevo informe que publicamos hoy.
Estas personas, que carecen de acceso a atención médicadurante su tránsito, se ven forzadas a bregar con más violencia durante la ruta migratoria y sufrir unas agresivas políticas de deportación que ignoran sus necesidades de asistencia y protección.
“La implacable violencia y el sufrimiento emocional que padecen no son diferentes a lo que experimentan las poblaciones que se encuentran en zonas de conflicto donde hemos estado trabajando durante décadas”, asegura Bertrand Rossier, nuestro coordinador general en México.
“Asesinatos, secuestros, amenazas, reclutamiento a cargo de actores armados no estatales, extorsiones, violencia sexual y desaparición forzada son realidades propias de una guerra, pero también son situaciones que estas personas procedentes de región de Centroamérica están sufriendo”, describe.
En el informe ‘Forzados a Huir del Triángulo Norte de Centroamérica: una crisis humanitaria olvidada’, recopilamos datos médicos, información procedente de encuestas a pacientes y testimonios recogidos por nuestros equipos durante los dos años que llevamos ofreciendo atención médica directa en esta zona.
El documento ilustra los niveles extremos de violencia que afectan a las personas que huyen de esta región centroamericana y la necesidad de proporcionar mayor protección para migrantes y refugiados.
Ataques, extorsión y reclutamiento
De las 467 personas que hemos entrevistado, un 39,2% mencionó los ataques directos o amenazas (a ellos o a sus familias), así como episodios de extorsión y reclutamiento forzado por bandas criminales como las principales razonespara abandonar su país. Además, un 68,3% aseguró haber sufrido violencia durante el tránsito a México.
En total, 9 de cada 10 migrantes y refugiados atendidos por nuestros equipos de salud mental en 2015 y 2016 sufrieron un episodio de violencia en sus países o durante la ruta migratoria hacia México y EE. UU. El informe muestra también que el acceso a atención sanitaria, al tratamiento de la violencia sexual y a servicios de salud mental durante el camino es limitado e incluso inexistente durante la ruta.
“Es la cuarta vez que trato de cruzar México, pero esto no había pasado antes”, asegura una mujer de 35 años procedente de Honduras. “Esta vez vine con mi vecino, y un grupo de delincuentes nos capturó. Lo peor es que ellos también eran de Honduras. La Policía Federal era su cómplice y nos entregaron a los miembros de esta banda. A mí me violaron. Me pusieron un cuchillo en el cuello, así que no me resistí. Estoy avergonzada de decir esto, pero hubiera sido mejor que me hubieran matado”.
Sin acceso al estatuto de asilo
A pesar de tener que padecer algunas de las peores formas de violencia que hay en el mundo hoy en día, los migrantes y refugiados del Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA) siguen siendo tratados, en su mayoría, como migrantes económicospor países de refugio como México o EE.UU. Las personas obligadas a huir del TNCA no tienen apenas acceso al estatuto de asilo en estos países a pesar de sus necesidades y de la existencia de un marco legal para ello.
“Ciertamente, hay personas que salen de estos países en busca de oportunidades económicas, pero la fotografía que emerge de nuestro informe es aterradora: personas vulnerables luchando por su vida y la de sus familias”, expone Bertrand Roissier.
En su opinión, “tratar de detener la migración reforzando las fronteras nacionales e incrementando las detenciones y las deportaciones –como hemos visto en México y en EE. UU.–, ignorar una crisis humanitaria real y no frenar el contrabando y el tráfico son estrategias que tienen unas consecuencias terribles en la vida y la salud de las personas en tránsito”.
En este sentido, hacemos un llamamiento a los Gobiernos de la región –en especial a los de El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Canadá y EE.UU.– para que garanticen alternativas a las detenciones y se adhieran a los principios de no expulsión. Estos países deberían incrementar sus cuotas formales de reasentamiento y reunificación familiar, de modo que las personas procedentes del TNCA que requieran protección internacional, incluido el asilo, puedan dejar de poner en riesgo su salud y su vida.
“Los aprietos por los que pasan las personas en tránsito desde el TNCA ponen de relieve el fracaso de los Gobiernos a la hora de proveer asistencia y protección a migrantes y a refugiados”, asevera Rossier. “Jugar con el miedo de la opinión pública y tratar a estas personas tan solo como un asunto económico o de seguridad es ser corto de miras. Estamos ante una crisis humanitaria ante la que resulta ineludible la puesta en marcha de una acción coordinada y urgente que garantice que las personas en tránsito quedan a salvo de la violencia y la persecución, y reciben protección internacional en lugar de con más violencia. Y que, sobre todo, sean tratadas con dignidad y humanidad”.
#CruzandoMéxico
Desde 2012, brindamos atención médica y salud mental en México a migrantes y refugiados de Honduras, Guatemala y El Salvador. Hemos adaptado nuestra estrategia de intervención a medida que la crisis ha avanzado y cambiado: desde el trabajo realizado en refugios de migrantes y en clínicas móviles a lo largo de las líneas ferroviarias, al llevado a cabo en varias localizaciones en la ruta de migrantes y en un centro para víctimas de violencia extrema en la Ciudad de México. Este centro abrió en 2016 como la última estrategia para responder a las necesidades médicas y humanitarias de las personas en tránsito.
