El derrumbe de la institucionalidad en Venezuela es responsabilidad directa de sus gobernantes.
En los últimos meses, el régimen en Venezuela ha terminado de sepultar la democracia, la separación de poderes, la justicia, las garantías civiles, los derechos políticos, económicos, sociales y todos los principios que hacen a un gobierno legítimo.
Todos los integrantes del actual gobierno ilegítimo son responsables, y el papel de la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, ha sido instrumental en el derrumbe institucional.
Un órgano electoral independiente, imparcial, sano y con capacidades técnicas adecuadas es fundamental para garantizar los derechos políticos de los ciudadanos. Su responsabilidad es nada menos que la de velar por el estricto respeto del derecho a la expresión política del pueblo, único soberano en toda nación, a través del ejercicio del sufragio universal en elecciones libres y justas.
En consecuencia, resulta impensable en cualquier sistema de gobierno democrático que la persona que dirige el Consejo Nacional Electoral se preste a ser el órgano que ejecuta el fin de la democracia.
Su acción directa resultó decisiva para despojar al pueblo venezolano del derecho constitucional a un referéndum revocatorio en 2016.
Desde el CNE desplegó una estrategia arbitraria, aplazando indefinidamente la recolección de firmas, forzando los calendarios, imponiendo recuentos inéditos, rediseños distritales y regionales a conveniencia, para impedir así definitivamente la convocatoria del referéndum y la expresión de la voluntad popular.
Adicionalmente, el 25 de mayo la señora Lucena -la misma persona que también ha negado los derechos constitucionales del pueblo de elegir sus gobernadores- ha anunciado su apoyo a la ilegítima, inconstitucional y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente promovida por el régimen.
Tibisay Lucena se ha convertido de este modo en la presidenta de un consejo electoral que está violando el principio del voto universal, desconociendo lo consignado en los artículos 62 y 63 de la Constitución bolivariana, en los que se reconoce que «el sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional».
Basándose en un pronunciamiento de la Sala Constitucional del TSJ, en la que se impone una interpretación regresiva y forzada de la Constitución, que sustituye el derecho al sufragio universal por mecanismos de elección en segundo grado para la elección de las juntas parroquiales, es que se genera un andamiaje insostenible para convocar una Asamblea Constituyente fraudulenta desde el CNE.
Todo esto para proteger una iniciativa presidencial que carece, a todas luces, de cualquier tipo de legitimidad de origen.
Al anunciar que el CNE elevó a 545 los constituyentes, y expresar que los mismos se elegirán sobre bases sectoriales y territoriales, la señora Lucena avala con su accionar la abolición del voto universal para el ejercicio de la soberanía popular.
La fórmula anunciada por Tibisay Lucena es tan absurda técnicamente como inconstitucional y antidemocrática. La convocatoria de la Constituyente se hace por fuera de lo estipulado en el artículo 347 de la Constitución, que es el que dispone que es el pueblo venezolano el único que posee el poder constituyente originario. De esta manera, sepulta definitivamente el derecho del pueblo venezolano a la democracia.
Únicamente podrán ejercer su derecho al voto los estudiantes gremializados, los empresarios gremializados, los campesinos gremializados, las personas con discapacidades sectorializadas, los trabajadores sectorializados, los pensionados sectorializados y los consejos comunales. La ascendencia de estas ideas está en las líneas políticas corporativistas y totalitarias del fascismo.
Cuesta creer que exista un país de las Américas que, en el siglo XXI, tome una decisión de tal nivel de arbitrariedad y anacronismo. No sólo se despoja al soberano de su derecho a elegir por sufragio universal, imponiendo un voto restringido injustificable, sino que además se le arrebata cualquier capacidad de decisión a futuro, al forzar la convocatoria a una Asamblea Constituyente ilegitima, que pretende desnaturalizar definitivamente la Carta Magna.
Es difícil concebir una aberración jurídica más forzada, discriminatoria y arbitraria.
La señora Lucena es la autora y co-responsable de la peor embestida a la institucionalidad de Venezuela. Y ésta no se resuelve con llamar a un referéndum para aprobar la Constitución una vez que esté redactada. Ello no resuelve los vicios jurídicos y constitucionales de origen que ha tenido este proceso, que está deslegitimado porque ignora al pueblo como el verdadero poder constituyente.
Como Secretario General de la Organización de los Estados Americanos debo condenar este ataque al fundamento esencial de la democracia: el sufragio universal.
Y como ciudadano de las Américas, estaré siempre entre aquellos muchos que tenemos presente que las dictaduras no sólo se forjan en base a tiranos que reprimen, encarcelan, torturan, cercenan libertades, siembran hambre, pobreza y enfermedad. Para existir, las dictaduras también requieren de personas como Tibisay Lucena, que abusando de sus funciones y desviando sus responsabilidades institucionales son capaces de abandonar principios y valores por preservar su cargo y sus fueros, sin importar lo que se está sacrificando a cambio: nada menos que la voluntad del pueblo.
Personas como Tibisay Lucena, que continúan despojando a la democracia de contenido, trabajan para servir a la consolidación de los intereses de una dictadura instalada sobre el sufrimiento de su pueblo, que se sostiene en el asesinato de su gente, en la prisión política de los opositores, en la tortura.
La esterilidad de las sentencias manipuladas del Tribunal Supremo de Justicia es una clara muestra de ello.
No se puede siquiera dimensionar qué ejercicio de ficción jurídica tuvo que hacer para llegar a la conclusión de que la expresión directa de la voluntad popular a través del sufragio universal en un referéndum no sólo no es necesaria para convocar una Asamblea Constituyente, sino que es prescindible y puede ser sustituida por otra expresión del Poder Público.
La única conclusión posible al respecto es que el Tribunal Supremo de Venezuela viola impunemente todos los principios básicos de la democracia y del Estado de Derecho, al asimilar la soberanía de la nación a la expresión de la voluntad del Presidente de la República.
Esto configura indudablemente un avance más del modelo autoritario y la imposición de una mordaza definitiva a la voz del pueblo.
Afortunadamente, la Fiscalía alzó su voz una vez más. Apoyamos plenamente y compartimos las expresiones de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, que rechazó la admisión de la iniciativa del Presidente Maduro para ejercer la convocatoria de la Asamblea Constituyente, vulnerando todas las formas de participación popular, los principios y la progresividad de los Derechos Humanos.
Respaldamos su solicitud de aclaración respecto a si el Tribunal Supremo entiende que se perdió la vigencia de la democracia participativa y protagónica en el país, su posición respecto a la soberanía de la nación, si se entiende que el Poder Público está por encima del pueblo y cuáles son los términos reales de la iniciativa.
