En mayo, un grupo de terroristas armados ocuparon la ciudad filipina de Marawi y sembraron las calles de terror y destrucción. Los enfrentamientos, que continúan a día de hoy, han causado ya centenares de muertos, han obligado a huir de la ciudad a miles de personas y varios centenares continúan secuestradas. El gobierno ha decretado 60 días de ley marcial en la isla.
Para Manos Unidas, una de las pocas ONG españolas presentes en la isla de Mindanao, el riesgo de un rebrote de la violencia en la región con motivo de los acontecimientos que han tenido lugar en las últimas semanas en la ciudad de Marawi, es motivo de inquietud y preocupación.
El conflicto en el sur de Filipinas entre el gobierno de Manila y los grupos armados islamistas, que reivindican la independencia de la región, tiene un marcado carácter económico y político. Los enfrentamientos, que comenzaron hace cuatro décadas, han provocado más de 120.000 muertos y, aunque desde 1976 se han llevado a cabo diferentes iniciativas para lograr la paz, ésta todavía no se ha alcanzado de manera definitiva.
En este sentido se enmarca, precisamente, el trabajo que Manos Unidas y su socio local ZABIDA (Alianza para el desarrollo integrado en Zamboanga Basilan) están llevando a cabo desde hace años en Mindanao. «Nuestra labor tiene como objetivo principal la construcción de una cultura de paz que aborde la resolución de conflictos. «Nos preocupa la situación de las víctimas y los desplazados y esperamos que lo sucedido en Marawi no suponga un freno a lo conseguido en el proceso de paz», señala Miguel Carballo, técnico de proyectos de Manos Unidas y la Cooperación Española en Filipinas.
Manos Unidas, que está presente en Filipinas desde hace más de 30 años, lleva dieciocho acompañando al claretiano Ángel Calvo, que durante cuatro décadas ha trabajado por la paz en el archipiélago asiático. El misionero español ha promovido, junto a representantes de otras religiones agrupadas en el Foro Interreligioso de Solidaridad por la Paz, una declaración en la que condenan las atrocidades cometidas en Marawi. En la declaración se expresa el temor de que la escalada de violencia provoque «un mayor derramamiento de sangre, que suponga más muertes y se extienda a otras zonas» y aboga por el fin de la violencia, el respeto a los derechos humanos, la solidaridad con los desplazados y el diálogo y encuentro entre religiones.
Por otro lado, la declaración, rubricada también por el Foro por la Paz y la Seguridad de Zamboanga, lamenta que la «guerra de Marawi» sea un síntoma de que las «amenazas» continúan y culpa a «factores políticos y sociales como la corrupción y la narco política, el extremismo religioso y las ideologías antigobierno» de que diversos grupos, «incluyendo elementos terroristas extranjeros, hayan unido sus fuerzas y sigan causando estragos».
«El conflicto ha aumentado la pobreza y la inseguridad humana en la región autónoma de Mindanao lo que afecta en mayor medida a mujeres, niños y pueblos indígenas. La población sufre además el tráfico de personas, drogas y armas, así como las tensiones derivadas de la convivencia entre comunidades con diferencias étnicas, culturales y religiosas», afirma Miguel Carballo, de Manos Unidas. «Esto ha llevado a que nuestra organización haya apostado con fuerza por la paz y el diálogo como único camino para el desarrollo y para garantizar que las víctimas del conflicto sean capaces de superar sus traumas y opten por la convivencia pacífica», declara Carballo.
«Nosotros no cejaremos en nuestro empeño de lograr que la paz sea una realidad en Mindanao y seguiremos apoyando el trabajo de nuestros socios locales en la isla mientras sea necesario», asegura.
Los proyectos de Manos Unidas en la región, que inciden en distintos ámbitos y cuentan con apoyo financiero de la Cooperación Española, promueven una cultura de paz y valores para sostener la convivencia y el respeto en las comunidades. «Aunque partimos de los derechos humanos y del reconocimiento de quienes sufren la violencia, para generar espacios de encuentro y reconciliación es necesario, además, resolver las graves carencias en las propias condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables y marginalizadas; por eso apoyamos iniciativas para impulsar su autonomía y medios de vida locales, reconstruir viviendas e infraestructuras afectadas por décadas de conflicto y fortalecer la prevención y capacidad de respuesta ante desastres naturales», concluye Carballo.
