Nueva ley autoriza que menores de edad se sometan a tratamientos hormonales para cambiar de sexo, sin el consentimiento de sus padres.
El Senado de Uruguay aprobó este martes por 17 votos contra 29, una ley que otorga derechos a las personas que quieren cambiar de sexo, conocidos como “trans” (travestis, transexuales y transgénero, según su propia nomenclatura).
A pesar de la oposición de la Iglesia evangélica y católica en el país considerado más laico y con menos creyentes de América Latina, los diputados del izquierdista partido Frente Amplio (oficialista) más uno independiente, votaron a favor del proyecto.
El proyecto de ley pasa ahora a la Cámara de Diputados, que lo debatirá esta misma semana en una sesión extraordinaria.
El proyecto despertó más polémica por artículos que permiten a los menores de edad someterse a operaciones de cambio de sexo sin la necesidad del permiso previo de sus padres. Ese artículo fue modificado y establece ahora que los adolescentes deben obtener la autorización de sus padres para estas operaciones quirúrgicas. Lo que sí pueden hacer los menores de edad es iniciar tratamientos hormonales sin el consentimiento de sus padres.
A principios de mes, la iglesia evangélica Misión Vida, una de las más grandes del país, presentó una petición ante el Parlamento en contra del proyecto de ley. La petición contenía unas 40.000 firmas, una cifra considerable en un país de 3,4 millones de habitantes.
La Ley, además de provocar esa petición, ya había generado manifestaciones y mensajes en contra a través de las redes sociales cuando fue planteada.
En el Parlamento, la senadora Verónica Alonso, del Partido Nacional, lideró la oposición a la normativa junto a un grupo de varios legisladores evangélicos. Alonso señaló que “hacia las personas trans en nuestro país no hay una discriminación jurídica, sí en cambio ha habido y hay una discriminación ética y social, al no ser tratados con el respeto, con la consideración y el amor que se merecen como personas”.
Alonso agregó que “ese trato digno no se trata con leyes, porque no es una cuestión jurídica, sino ética, y eso se logra con educación”. Para Alonso, esta ley “no es necesaria” y se está “legislando por presión de colectivos corporativos, porque ‘queda bien’”.
La sesión del Senado de este martes se llevo a cabo con las barras colmadas por integrantes de este colectivo que celebraron la aprobación.
