Ni las calles ni las normativas porteñas son muy amigables para las personas con discapacidad, quienes para desplazarse, estudiar, trabajar o simplemente vivir en la Ciudad de Buenos Aires atraviesan odiseas que muchos ni imaginamos. Esa suerte de grandes balas de cemento que supuestamente marcan el límite entre la vereda y la calle, donde ya no hay cordón, sin ir más lejos, si dependés de detectarlas con un bastón se parecen mucho a una trampa. En Fundación Rumbos están trabajando para cambiar las leyes, y esas realidades
¿Qué es una ciudad inclusiva? Una donde la gente, sin importar sus dificultades para transitar o moverse por cuestiones de discapacidad transitoria o permanente, puede desarrollar una vida plena: estudiar, trabajar, recrearse, usar los espacios públicos, el transporte, las veredas. Suena simple, elemental, pero al mismo tiempo no sucede y no lo vemos. “Esto que es tan natural para tantos ciudadanos no lo es para quienes tienen dificultades motoras, auditivas, visuales o intelectuales”, dice la arquitecta Silvia Coriat, miembro de la comisión directiva de Fundación Rumbos. Esta organización, que se dedica a mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad, impulsó y participó en la redacción de la Ley 962, vigente desde mayo de 2003, que incorpora criterios de accesibilidad al Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora están alertando sobre los borradores de un nuevo Código presentado por el Gobierno de la Ciudad, que, para los involucrados, básicamente representa un retroceso de 20 años.
“Hay una cantidad de excepciones que se han incorporado que relativizan mucho la aplicación de la accesibilidad, la obligación de cumplir con ella en espacios que son claves. Después de estos años en los que mundialmente la temática de derechos humanos de las personas con discapacidad y de adultos mayores (que cada vez son más) se va desarrollando y está cada vez más presente, nos encontramos que este borrador del Código no solo no corrige estas limitaciones, sino que las agrava”, explica Coriat.
¿Dónde aparecen los obstáculos más serios? “En planes de vivienda social, el Código anterior admitía que se las destinara en edificios de planta baja y hasta dos pisos por escalera. Y esto ya era un problema, porque ¿qué hace una familia donde por ejemplo aparece una cardiopatía, o, por un accidente, se tiene un problema grave en la columna y no se puede caminar, viviendo en un segundo piso por escalera? La idea de que se adjudican viviendas en planta baja a personas con discapacidad es correcta pero insuficiente, porque no se puede suponer que solo van a tener discapacidad quienes son beneficiarios en determinado momento, es un imponderable que puede aparecer a lo largo de la vida. Entonces, el criterio que habría que sostener es el que plantea Naciones Unidas: que las viviendas de interés social deben ser mínimamente visitables. Esto significa que toda la casa tiene que ser accesible, desde las partes públicas, como el living, hasta el baño, y que además tiene que ser adaptable en caso de que sus habitantes adquieran una discapacidad. Esto no solo no se está tomando en cuenta este borrador, sino que se suma el agravante de que ahora se habla de planta baja y tres pisos por escalera”.
¿Qué pasa con los espacios públicos? “Los comercios ya figuraban con excepciones en el Código que está vigente hoy. Pero ahora se incorpora, por un lado, que los que tengan una superficie menor a 100 metros cuadrados pueden quedar libres de brindar accesibilidad, lo cual se complementa con una ordenanza de 2004 que se mantiene vigente y dice que todo comercio habilitado, antes de la Ley de Accesibilidad de 2003, también queda libre de brindarla. Con el Plan de Peatonalización que tiene el gobierno de la Ciudad hay también dificultades para las personas que no ven: se generan obstáculos que antes no estaban al tener al mismo nivel la vereda y la calle y pretender resolverlo con los bolardos, estos elementos muy volumétricos que aparecen cada tanto marcando una línea virtual de división. Lo que pasa es que las personas ciegas no tienen cómo detectarlos hasta que chocaron con ellos. Ahora se están instalando unos con forma de bala, con una panza que sobresale y despista al bastón: el bastón va avanzando pero si se mete justo en el angulito que queda porque la base es más angosta que la panza no se entera de que se está encontrando con un obstáculo y se lo lleva por delante. Y el tema de las veredas rotas también es muy grave y alcanza niveles epidemiológicos en la cantidad de caídas que provocan, sobre todo de adultos mayores.
Y también hay falencias grandes en la accesibilidad de las escuelas. “Es lamentable, hay una permisividad con las escuelas privadas muy grande. Y lo que se incorpora en este borrador de Código, que no podíamos creer cuando leíamos, es que aquellas escuelas que sean antiguas y presenten serios impedimentos para tornarse accesibles pueden permanecer inaccesibles. Nosotros creemos que eso no puede ser. Si el edificio no se puede transformar en accesible que la escuela se mude, pero los chicos no tienen que ser la variable de ajuste”.
La propuesta de modificación de los apartados referidos a la accesibilidad para personas con discapacidad en este nuevo Código de la Edificación, firmada por legisladores y representantes de las organizaciones de la sociedad civil, ya fue presentada ante las autoridades de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura de la Ciudad. El pedido fundamental de Fundación Rumbos y REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad) es que se constituya una Mesa de Trabajo integrada por legisladores, profesionales especializados, personas con discapacidad y organizaciones que las representan, para reelaborar esos artículos referidos a la accesibilidad cumpliendo con los tratados internacionales. Porque esta no es sólo una cuestión de buenos vecinos, sino de derechos humanos.
