En la última semana las provincias de Jujuy y Chubut endurecieron sus políticas migratorias y adoptaron normativas que violan la igualdad de derechos y la no discriminación de la población migrante. En Jujuy, una nueva ley determina el cobro de los servicios de salud a los migrantes que se establezcan allí de manera transitoria. En Chubut, el gobierno firmó un decreto que prevé la expulsión de todas las personas migrantes que tengan antecedentes penales.
Estos cambios normativos se dan en un marco de enorme retroceso en las políticas migratorias que se vienen llevando a cabo en el país y que restringen considerablemente los derechos de las personas migrantes, como la modificación por DNU de la ley Nacional de Migraciones en 2017. Estas decisiones se basan frecuentemente en información falsa o distorsionada que busca asociar migración con criminalidad y encuentra respaldo en los discursos discriminatorios de algunas autoridades públicas.
Este giro preocupante en la política migratoria argentina ha derivado en casos extremos que incluyen la separación de niñas y niños de sus familias. Tal es el caso de la expulsión, el lunes 4 de febrero, de la ciudadana peruana Vanessa Gómez Cueva junto a su hijo argentino de dos años.
Vanessa fue obligada a dejar el país donde vivió por más de 15 años, sin haberse podido despedir de sus dos otros hijos, también argentinos, de 5 y 14 años. Su trámite de expulsión tuvo inicio en 2015, luego de haber cumplido una sentencia en una causa por comercio de estupefacientes. Tras cumplir la condena buscó reinsertarse en la Argentina y se recibió de enfermera en un terciario. Pese a los diversos recursos presentados por su defensa, el 1 de febrero la policía fue a su domicilio con la excusa de que tenía que acompañar a los agentes para “firmar una notificación”. Vanessa llevó a su hijo menor de 2 años y dejó a los otros dos en casa. Fue trasladada a una celda sin luz ni agua y de ahí directo al Aeropuerto de Ezeiza. El lunes 4 a la tarde fue expulsada del país junto a su hijo menor y no sabe cuándo volverá a ver sus hijos más grandes.
Ante este panorama, un grupo de diversas organizaciones enviamos una presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para informar sobre estos hechos. El texto enviado señala que estas medidas no sólo son contrarias a la Constitución Nacional y a Ley Nacional de Migracionessino también incumplen las obligaciones internacionales del Estado y debilitan los derechos de las personas migrantes.
Resulta necesario que el Estado argentino derogue el DNU 70/2017 y disponga las medidas administrativas y políticas necesarias para que en nuestro país se garantice la igualdad de derechos para las personas migrantes, el derecho a la vida familiar, la unidad familiar y el interés superior del niño. Los discursos que asocian a la migración con la delincuencia o que buscan justificar los déficits de los sistemas de salud por la presencia de extranjeros no hacen más que diseminar falsedades, reafirmar prejuicios, incentivar la violencia y la discriminación y construir una sociedad con menos derechos para todas las personas.
