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El reclamo de Lhaka Honhat llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Por primera vez los representantes de más de 90 Comunidades Indígenas que reclaman sus territorios ancestrales al Estado argentino fueron escuchados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La presentación se enmarcó en la causa impulsada por la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), para exigir el reconocimiento y la titulación de 400 mil hectáreas en la provincia de Salta.

En San José de Costa Rica se desarrolló la audiencia pública por los ex lotes 55 y 14, ubicados en el Departamento de Rivadavia, una disputa que lleva más de 30 años. El órgano judicial internacional deberá emitir una resolución que podría tardar meses. La parte demandante pidió que la Corte haga una visita “in loco” a los lotes.
El caso se relaciona con la violación del derecho a la propiedad en perjuicio de las Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat, debida a la falta de acceso al título de propiedad sobre su territorio ancestral.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado habría incurrido en una violación al derecho a la propiedad, por cuanto presuntamente se abstuvo de materializar los derechos legalmente reconocidos a dichas Comunidades. Igualmente, concluyó que se habría producido una violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial debido a la inexistencia de un procedimiento efectivo para acceder a la propiedad del territorio ancestral, así como a las variaciones sucesivas en el procedimiento administrativo aplicable al reclamo territorial Indígena, en no menos de seis ocasiones.

El caso según la CIDH “se relaciona también con el presunto desconocimiento de los derechos a la propiedad, al acceso a la información y al derecho a participar en los asuntos susceptibles de afectarles, todo ello en perjuicio de las Comunidades Indígenas, al haber llevado a cabo obras públicas y otorgado concesiones para la exploración de hidrocarburos en el territorio ancestral sin satisfacer los requisitos de adelantar procesos de expropiación; no amenazar la subsistencia de las comunidades indígenas; realizar consultas previas, libres e informadas, así como estudios de impacto social y ambiental y garantizar la participación de las comunidades indígenas en los beneficios derivados de las concesiones otorgadas. Finalmente, el caso también se relaciona con la presunta violación del derecho a la propiedad en perjuicio de las comunidades indígenas al haber presuntamente omitido emprender acciones efectivas de control de la deforestación del Territorio Indígena mediante la tala y extracción ilegales de madera”.

La Corte, al finalizar la jornada confirmó que realizará una visita, probablemente en mayo, a los ex lotes fiscales 55 y 14. Luego de la visita de los jueces comenzará el plazo de presentación de los alegatos por escrito de las dos partes, los peticionarios y el Estado nacional.