La mujer abortó luego en otro centro de forma legal, pero denunció al médico objetor.
Un médico boliviano fue suspendido por la Caja Nacional de Salud de ese país por haberse negado a practicar un aborto a una mujer embarazada de un niño anencefálico. “N.M.”, como se le conoce, también será procesado ante un tribunal administrativo, junto con el ex director del Hospital de Trabajadores Jaime Mendoza en Sucre, donde se produjo la negativa.
El aborto es ilegal en Bolivia, excepto en casos de violación, incesto, peligro para la salud de la madre o una malformación letal del feto.
Fue esta última causal la que fue invocada por una mujer de Cochabamba en febrero del año pasado después de que los exámenes médicos revelaron que su bebé tenía una malformación congénita grave. Ella estaba embarazada de cinco meses. La anencefalia no es incompatible con un nacimiento vivo, y se sabe que los niños con esta afección pueden sobrevivir meses o incluso años.
Siguiendo el protocolo en tales casos, los médicos y especialistas formaron una junta médica para decidir cómo proceder. Ofrecieron tres opciones: la primera, simplemente continuar con el embarazo; la segunda, dar información a la familia sobre la malformación del feto; la tercera, obtener la aprobación jurisdiccional que permite un aborto. (Esta aprobación, según la resolución ministerial que se remonta a enero de 2015, no es necesaria cuando se trata de una violación o un incesto).
Sin embargo, todos los profesionales del hospital dijeron que en ausencia de una aprobación judicial y también por su derecho a la objeción de conciencia, no realizarían el aborto. Como dijo el director regional del Caja Nacional de Salud, Javier Menacho, “nadie puede ser obligado a terminar con la vida de un ser humano”.
Durante una conferencia de prensa en la que brindó su apoyo a “N.M.” y al exdirector y personal del hospital, Menacho aclaró que la familia de la mujer pidió su alta hospitalaria; luego fue a otro establecimiento, donde se realizó el aborto.
Fue ella quien presentó una queja contra el médico que se había negado a matar a su hijo, diciendo que sus derechos habían sido violentados. Junto con el ex director del hospital, “N.M.” está acusado de haber ignorado el fallo constitucional que permite el aborto legal cuando un embarazo pone en peligro la salud o la vida de la madre.
El pasado martes, 19 de marzo, la decisión de suspender a “N.M.” como jefe interino del departamento de ginecología y obstetricia del Hospital Jaime Mendoza, donde se negó a realizar el aborto legal, fue hecha pública por el «Defensor del Pueblo» local. La resolución del Defensor del Pueblo presentada la semana pasada al Fondo Nacional de Salud pidió que estableciera responsabilidades, ya sean civiles, penales o administrativas, contra todos aquellos que se opusieron al mandato constitucional, de ahí la decisión de suspender al médico a pesar de su derecho a la objeción de conciencia.
Los hospitales como tales no tienen derecho a objeción de conciencia en Bolivia. Los médicos individuales sí tienen derecho a rechazar los abortos. Pero la demanda contra “N.M.” muestra cuán frágil es ese derecho.
