Defensores de la familia tradicional en batalla legal para evitar la aprobación del llamado “matrimonio igualitario”.
La agrupación ecuatoriana llamada: Plataforma de Ciudadanos y Familias Unidas por los Valores, se concentró a las afueras de la Presidencia de la República en Quito, con el objetivo de forma simbólica, de entregar más de 17.100 firmas, recogidas contra el matrimonio entre personas del mismo sexo en ese país.
Este grupo de ciudadanos “exigen que las autoridades hagan respetar la Constitución de la República, cuyo artículo 67 garantiza el matrimonio como institución para las parejas de hombre y mujer”.
Sus voceros, a través de un comunicado, señalan que actúan frente a tentativas de los jueces constitucionales, que ya han actuado como abogados de parejas del mismo sexo. “Y que hoy pretenden fingir imparcialidad para actuar en un caso de matrimonio pedido por una pareja de hombres”.
El comunicado se refiere a la consulta enviada por la Corte Provincial de Justicia de Pichincha a la Corte Constitucional. Quieren saber si es posible aplicar en Ecuador la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que otorga derechos más favorables a la población LGBT, entre ellos el llamado “matrimonio civil igualitario”. Además, la agrupación consulta si es posible tomar en cuenta esa legislación internacional, sin que medien reformas a la Constitución, a la Ley Orgánica de Identidad y Datos Civiles y al Código Civil.
Todo surge a raíz de que los ciudadanos Efraín Soria y Javier Benalcázar acudieron al Registro Civil, en 2018, para intentar casarse. La entidad les negó la posibilidad, recordando que en Ecuador la Constitución permite el matrimonio entre hombre y mujer solamente. Entonces, la pareja que lleva 12 años de unión, acudió a la Corte de Justicia, demandando la aplicación de la Opinión Consultiva.
El pasado 29 de marzo, en audiencia pública, las partes interesadas en el caso fueron escuchadas por la Corte Constitucional, que tiene un plazo de 45 días para responder a la inquietud de la Corte de Justicia, que dejó en suspenso el trámite de la causa de Soria y Benalcázar.
Grupos provida y profamilia acudieron a dicha audiencia y expresaron su malestar porque el juez Ramiro Ávila sustancia esta causa, en la que afirmó que la Corte Constitucional no resolverá sobre acciones de protección anteriores, para dar paso al matrimonio civil igualitario.
En la audiencia intervino el abogado Braulio Álvarez, de la Plataforma de Ciudadanos y Familias Unidas por los Valores. En un vídeo que circula en redes sociales, Álvarez argumenta que “la Constitución garantiza a todos el derecho a ser juzgados por un juez independiente e imparcial. Sin embargo, Ramiro Ávila, pese a haber patrocinado demandas a favor del matrimonio igualitario, y a que públicamente se ha pronunciado sobre la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se ha excusado (en este caso)”.
En este vídeo, el abogado Álvarez finaliza su intervención con estas frases: “No permitas que la inmoralidad de unos pocos atente con los principios y valores de tu familia. Por amor a los tuyos, levanta tu voz y protesta”.
Sin embargo, el 2 de abril, el Pleno de la Corte Constitucional revisó la solicitud para que el juez Ávila deje de sustanciar el caso de estos grupos. La Corte negó la solicitud porque afirma que no se demostró que el juez constitucional tenga un interés directo en el caso de Soria y Benalcázar.
En estos días, en redes sociales se ha observado convocatorias para firmar “por la defensa del natural y constitucional matrimonio entre un hombre y una mujer. Decimos no a matrimonios entre personas del mismo sexo”. El movimiento es organizado por la Plataforma de Ciudadanos y Familias Unidas por los Valores.
