La Enmienda Hyde es una disposición legislativa que prohíbe el uso de fondos federales para pagar por abortos con fondos de los contribuyentes.
Una coalición de 22 fiscales generales firmó y envió una carta a los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado estadounidense esta semana instándolos a mantener la Enmienda Hyde en el próximo presupuesto y así oponerse al aborto financiado por los contribuyentes.
La Enmienda Hyde es una disposición legislativa que prohíbe el uso de fondos federales para pagar por abortos excepto para salvar la vida de la mujer, o si el embarazo surge de incesto o violación. Antes de que la Enmienda Hyde entrara en vigor en 1980, se estimaba que se realizaban anualmente 300.000 abortos con fondos de los contribuyentes.
La carta fue enviada a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, al líder de la minoría de la Cámara, Kevin McCarthy, al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y al líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell.
El presidente Biden apoyó la Enmienda Hyde durante la mayor parte de su carrera política antes de ser presionado durante la campaña presidencial y oponerse a ella.
“La vida por nacer puede que no sea más que una cuestión de política para la administración, pero es algo muy diferente para nosotros: la política en cuestión es de vida o muerte”, dice la carta. “Los estudios sobre la Enmienda Hyde han descubierto que ha salvado la vida de millones de niños por nacer: ha salvado 2,13 millones de vidas solo en sus primeros cuarenta años y ha salvado más de 60.000 vidas al año en la actualidad”.
La enmienda, que se remonta a la década de 1970, debe ser reautorizada anualmente. La versión actual permite excepciones por violación, incesto y para salvar la vida de la madre.
La carta fue enviada desde la oficina del fiscal general de Alabama, Steve Marshall.
El Congreso debería apoyar la Enmienda Hyde, dice la carta, porque “muchos contribuyentes se oponen al aborto por motivos morales o religiosos”. El propósito de la enmienda es “de sentido común”, asegura la misiva.
Proteger la libertad religiosa y la libertad de conciencia, dice la carta, está “en la raíz del compromiso de la Constitución con la libertad individual y las limitaciones al gobierno”.
La carta incluía las firmas de los fiscales generales de los estados de Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah y Virginia Occidental.
