La Plataforma por las Empresas Responsables recuerda la importancia de contar con una ley nacional de debida diligencia que proteja a las personas y al medioambiente de prácticas empresariales irresponsables.
Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Plataforma por las Empresas Responsables (PER) llama la atención sobre los impactos en los derechos humanos y el medioambiente que sufren comunidades y pueblos indígenas por la actividad de empresas irresponsables.
Muchas empresas multinacionales, especialmente empresas constructoras, energéticas, extractivas y agroalimentarias, desarrollan su actividad en terceros países y en contextos donde los derechos humanos y el medioambiente no se encuentran debidamente protegidos por la legislación. Mientras algunas empresas hacen las cosas bien, otras muchas se están beneficiando causando deforestación, acaparamiento de tierras, impedimentos de acceso al agua y al territorio, sin consecuencias para las empresas y donde las comunidades se ven impotentes para acceder a la justicia y reclamar daños y perjuicios.
En España, organizaciones de la PER como Alianza por la Solidaridad-ActionAid han documentado casos en los que los derechos de los pueblos indígenas han sido vulnerados sin consecuencias para las empresas. Tal es el caso del pueblo indígena Q’eqchí en Guatemala. Allí, la falta de un estudio de impacto ambiental del conjunto del complejo hidroeléctrico RENACE y la no realización de una consulta previa, libre e informada sobre sus bienes naturales ha permitido a la empresa Cobra-ACS llevar a cabo el proyecto sin la debida diligencia requerida, como fue confirmado por el Punto Nacional de Contacto del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España, colapsando el cauce del río Cahabón y afectando a una población de 29.000 indígenas Q’eqchí.
También está el caso de la empresa Agrogeba por acaparamiento de tierras en las comunidades de Sare Djae, Campampe y Sintcham Ioba en Guinea Bissau. Estos casos y otros más se encuentran recogidos en el dossier » Casos recientes de abusos de empresas españolas», que evidencia cómo la ausencia de normas claras de responsabilidad empresarial vulnera derechos de las personas (muy especialmente de las mujeres) e impacta negativamente en el medioambiente.
Para evitar que esto ocurra, España debe aprobar sin dilación una ley de debida diligencia empresarial para prevenir los impactos sobre los derechos humanos y el medioambiente, obligando a las empresas a contar con planes de debida diligencia que cubran toda su cadena de valor, transparentes e independientes y que, en caso de que se produzcan, las personas afectadas puedan acceder a justicia y reparación.
Otros países, como Francia, ya lo han hecho y comunidades afectadas en terceros países por la irresponsabilidad empresarial han podido llevar ante la justicia a la empresa energetica EDF por contribuir a violaciones al consentimiento libre, previo e informado, así como por ataques a defensoras y defensores en la implementación de su proyecto eólico Gunaa Sicarú en al comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo. También grupos indígenas y oenegés han demandado al Grupo Casino, gigante cadena de supermercados, por la venta de carne asociada a la deforestación en la Amazonía brasileña y colombiana y la vulneración de derechos de esas comunidades.
Contar con una ley nacional es efectivo para exigir responsabilidades a las empresas y garantizar la reparación a las víctimas.
La Plataforma por las Empresas Responsables (PER) está formada por 15 organizaciones españolas de sociedad civil y representa a más de 530 entidades:
Alboan, Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Anesvad, Amnistía Internacional, Coordinadora Estatal de Comercio Justo, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Economistas sin Fronteras, Enlázate por la Justicia (red de la que forma parte Manos Unidas), Entreculturas, Fundadeps, Greenpeace, Observatorio de la RSC, Oxfam Intermón, Setem-Ropa Limpia y USO..
