Alrededor de las cinco de la mañana del 4 de octubre comenzó un procedimiento de desalojo en Villa Mascardi, zona de conflicto territorial, donde el Pueblo Mapuche resiste frente al incumplimiento de los derechos indígenas por parte del Estado. El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, confirmó y ordenó el operativo en la zona donde hubo recuperación de tierras por parte de la Comunidad Lafken Winkul Mapu. El resultado de este violento y desmedido desalojo fue el retiro del territorio de nueve mujeres y sus niños, quienes por varias horas aguardaron a la vera de la ruta 40 hasta su traslado en un móvil de la fuerza policial.
Luego de una decisión judicial que generó rechazo de abogados y referentes de derechos humanos, cuatro de las nueve mujeres mapuche detenidas en el desalojo fueron alojadas en el penal de Ezeiza. La defensa presentó un planteo para que la medida se revierta, mientras que también se pidió la liberación de las tres restantes.
La orden de los traslados y de mantener las detenciones fue dictada por la jueza federal de Bariloche, María Silvina Rodríguez, quien en su fallo argumentó que “en la jurisdicción no existe ningún tipo de establecimiento federal de detención de mujeres”.
Esta resolución fue impugnada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), por considerarla una “decisión contraria a los tratados internacionales, a la ley 26.485 y carente de perspectiva de género, causa un grave daño adicional a la privación de la libertad que es incluso rechazada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo más grave aún cuando no han sido indagadas ni resuelto su situación procesal” y agregaron, “es un acto violento contra las detenidas no solo por carecer de perspectiva de género sino por causar un daño a miembros de Pueblos Originarios de por si perseguidos y discriminados históricamente. El fundamento de que no hay lugar para la detención de mujeres en Bariloche es inaudito y falaz cuando no se acreditó haber consultado a las autoridades nacionales, provinciales o municipales sobre un lugar adecuado para la detención cerca de sus familias, su domicilio y de sus defensores”.
“Este tipo de resoluciones tomada por una mujer en perjuicio de su género y sin consultar su opinión, merece ser analizado por el Consejo de la Magistratura”, aseguraron desde APDH.
Los abogados de Luciana Jaramillo, Andrea Despol Cañuqueo, Débora Daniela Vera y Florencia Melo presentaron un pedido de “reposición y revocatoria con apelación en subsidio”, para que las mujeres que vivían en la Patagonia y que fueron detenidas en el territorio por una jueza de la Patagonia sean devueltas a su lugar de origen y no estén cumpliendo un alojamiento temporario en Buenos Aires.
También se cuestiona el hecho de mantener presas a otras tres mujeres, dos de ellas con sus hijos en edad de lactancia y una que se encontraba embarazada, detenidas durante el excesivo operativo contra la reivindicación por el Territorio Ancestral.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también se mostraron preocupados por la situación, “la medida es desproporcionada. Entendemos que obedece a que son mujeres y a su identidad cultural”, afirmaron. “Las mujeres fueron trasladas de manera arbitraria desde su territorio, en cumplimiento de una orden judicial excesiva, sin participación alguna de las mujeres mapuche”, expresaron.
También la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI) expresó su profunda preocupación por la escalada de violencia que se vive en la zona cordillerana de la Provincia de Río Negro. “Resulta un sinsentido leer ciertos hechos de violencia que aún no han arrojado resultados en las investigaciones judiciales por fuera de un contexto más amplio de conflictividad y al margen de los sistemáticos incumplimientos del Estado Argentino y del Gobierno de la Provincia de Río Negro de los derechos humanos de los pueblos indígenas”, indicaron en un comunicado.
“Los hechos alrededor de la Comunidad Mapuche Lafken Winkul Mapu no pueden analizarse al margen de los conflictos de las comunidades Quijada, Ranquehue, Tambo Baez y Buenuleo. En todas esas comunidades de la comarca andina de Río Negro el gobierno federal y de Río Negro, tienen responsabilidades incumplidas en materia de reconocimiento y titulación de las tierras. La falta de titulación, pese a haber carpetas técnicas de Relevamiento 26.160, y de ausencia de avances en nuevos convenios entre INAI y la provincia son responsabilidad estatal exclusiva. Asimismo la ausencia de una política de investigación de las tierras adjudicadas a terceros conforme la ley provincial 2287 da muestras de que el gobierno de Río Negro no posee voluntad de dar respuesta legal a los reclamos de las comunidades”, revelan en el escrito.
El gobierno de Río Negro no aplica la Ley 26160, ni cumple lo que indica la mismísima Constitución Nacional Argentina, cuando dice “(…) reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
Desde las Iglesias Católica Apostólica Romana, Evangélica Luterana Unida, Evangélica del Río de la Plata y Evangélica Metodista Argentina señalaron que “esta situación pone en evidencia, en primer lugar, las dificultades de las autoridades en establecer canales de diálogo en la búsqueda de acuerdos que faciliten la resolución de conflictos. En segundo lugar, pone en evidencia las dificultades que tiene el Estado Nacional, como así también el Estado Provincial, para cumplir con las leyes que propiciarían la resolución de esta situación y la de tantas Comunidades Originarias a lo largo del país” y argumentaron, “vemos indispensable llevar adelante lo más pronto posible el relevamiento territorial que fija la Ley 26.160, que viene siendo prorrogada una y otra vez. En el mismo sentido, es imperativo el cumplimiento de nuestra Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 17, que establece el reconocimiento de las Comunidades Indígenas, como así también el otorgamiento de tierras aptas y suficientes para su desarrollo”, a la vez que exhortaron a las autoridades nacionales y provinciales a buscar soluciones pacíficas y justas.
Las Comunidades Mapuche reunidas desde Furilofche Warria – Puelmapu, ante el violento operativo militar comunicaron, “no se respetaron las leyes que determinan que para realizar estos procedimientos es, como mínimo, necesario informar a la Defensa; que antes deben extinguirse todas las posibilidades de alojar a las personas en otros centros cercanos a su lugar, su Defensa, su familia y su Comunidad; que la información debe darse con suficiente tiempo de antelación (al menos 72 hs) y no un par de horas antes de su traslado. Todo eso, con el agravante que una de las lamgen trasladadas tiene dos hijos menores de edad que, a partir de esta decisión de la jueza Domínguez, quedan separados de su ñuke por más de 1000 km de distancia. Para las mujeres, niñas y niños del Pueblo Mapuche no hay perspectiva cultural, ni de género, ni derechos de la infancia. Tampoco derechos procesales y ni siquiera derechos humanos”.
“Exigimos que las lamgen trasladadas retornen de inmediato y para todas exigimos su excarcelación. Exigimos que se respeten los derechos de pu pichikeche. Exigimos el cese inmediato de la persecución a nuestros pu peñi ka pu lamgen y que se garantice su vida. Exigimos que se respete nuestro rewe y que se garanticen los derechos humanos, espirituales, territoriales y culturales del conjunto de nuestro pueblo”, indicaron en un comunicado.
Es preocupante el modo en que se están enfrentando los conflictos existentes en la zona del Lago Mascardi, Provincia de Río Negro. En particular, el operativo con enorme despliegue policial realizado en la fecha, con detenciones incluso de mujeres y de niños.
La única herramienta con que contamos para evitar que la violencia sea el modo de resolver los problemas es el diálogo, por dificultoso que parezca encaminarlo y el cumplimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas. Lamentamos que las iniciativas generadas para garantizarlo no se hayan sostenido a través del tiempo y bregamos por la solución pacífica y dialogada, como único camino para garantizar la justicia y la paz.
Es nuestra obligación como sociedad reconocer a esta Argentina del siglo XXI como el país pluriétnico y multicultural que enuncia su Constitución Nacional y, por lo tanto, respetar los derechos de los Pueblos Indígenas.
