La Comunidad Kolla El Querusiyal,en la localidad de Tilcara, Jujuy, manifiesta que “desde 2016 las familias sufren hostigamiento y persecución debido a la construcción de un corredor educativo, turístico y productivo”, que involucraría obras para conectar la Ruta Provincial 18 con distintos parajes, y que pasa por el territorio ancestral de la familia Quispe.
La familia expresa que bajo la excusa del “corredor hacia las escuelas” se está facilitando el ingreso a las empresas mineras. Además, desde 2018 se hicieron presentaciones formales ante los organismos locales, como la Dirección Provincial de Vialidad y la Secretaría de Pueblos Indígenas. Allí la comunidad dejó asentado que no se cumplió con el derecho a la consulta previa, libre e informada, en este caso, a las principales familias afectadas por el proyecto vial. Subrayan que con esto se incumple el Convenio 169 de la OIT y el artículo 75, inciso 17 de Constitución Argentina.
Este lunes 31 de octubre se llevó a cabo una audiencia, prevista por el Juzgado Ambiental, en San Salvador de Jujuy, que se dispuso a partir de un amparo genérico presentado por la Comunidad contra el gobernador de la provincia, Gerardo Morales y sus funcionarios provinciales policiales y de vialidad, como así también a punteros políticos “que con mucha violencia y saña han despojado a la abuela María Quispe y a otros miembros de la Comunidad”. Desde la Comunidad El Querusiyal indican que, además, se han destruido campos de pastoreo y aguadas con la traza de una huella para explotación minera y de hidrocarburos sin respetar la posesión Comunitaria ancestral y sin realizar la consulta previa, libre e informada.
La Comunidad recurre a la justicia luego de haber realizado, en tres años, más de cien notas que fueron presentadas al gobierno de la provincia de Jujuy solicitando respeto por sus legítimos derechos, sin recibir respuesta alguna a la fecha.
Ante esta situación esperan que la justicia provincial ordene al gobernador Morales y a sus funcionarios, “reparar todos los daños psíquicos y físicos ocasionados” con la usurpación del territorio comunitario y cesar la violencia sistemática con que vienen actuando.
Hace varios años que funcionarios del Gobierno de Jujuy y de Vialidad Provincial avanzan en la construcción de una ruta por el territorio indígena sin la participación de los miembros de la Comunidad. En El Querusiyal afirman que “no están en contra del camino, sino que no puede ser con esta metodología, destruyendo zonas de pastoreo comunitario, aguadas y amedrentando a los habitantes”.
El atropello que enfrentan las familias en El Querusiyal no es ajeno a la decisión política de hacer de Jujuy un territorio de sacrificio a manos de la megaminería, mediante prácticas de destrucción de bienes naturales y formas de vida comunitaria.
