En las últimas horas se han difundido expresiones atribuidas al titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, quien habría dicho que desde ASDRA adherimos a la baja de las pensiones para personas con síndrome de Down y que esta sería una forma de asistencialismo. En la reunión que tuvimos recientemente con el funcionario lo que solicitamos fue que las personas con discapacidad que están en situación de vulnerabilidad social y consiguen trabajo o las que pierden su trabajo no se deben quedar sin pensión como actualmente sucede. Pedimos también que las medidas estén apuntadas a la plena inclusión en línea con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.En esa reunión, hablamos con Badino acerca de nuestro Programa de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad Intelectual y las dificultades actuales de las personas del colectivo para conseguir trabajo. Justamente, el Estado incumple con el cupo mínimo de personas con discapacidad y quienes tienen discapacidad intelectual, entre ellos, las personas con síndrome de Down, son quienes menos posibilidades tienen actualmente en el mercado laboral.
Durante el encuentro, Badino comentó que no tenían datos sobre las personas con discapacidad. En un comunicado del dia de ayer hemos repudiado la baja a las pensiones por discapacidad realizada sin conocimiento de la población, sin tener en cuenta necesidades de quienes percibían las pensiones, sin previo aviso ni consulta a las instituciones especializadas.
El colectivo de las personas con discapacidad en general suele tener menores ingresos y mayores gastos asociados a la falta de accesibilidad y de inclusión. Las pensiones son otorgadas como una ayuda por parte del Estado para cubrir gastos derivados de la situación de exclusión, que debería ser solucionada por el mismo Estado según indican nuestras leyes. El decreto 432/97 aplicado para realizar estas bajas es inconstitucional debido a que contradice a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, jerarquizada con rango constitucional desde 2014, en relación al fomento de la vida independiente y autónoma.
Desde ASDRA también informamos que hemos enviado una carta a Presidencia de la Nación solicitando que se den precisiones acerca del Plan Nacional de Discapacidad y que se trabaje para cumplir los derechos previstos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Existen en este momento incumplimientos por parte de distintos organismos y demoras de hasta un año para obtener el Certificado Único de Discapacidad, documento destinado a garantizar prestaciones.
