Hacemos un llamamiento para que los trabajadores humanitarios puedan llevar a cabo su labor en condiciones de seguridad. Suspendemos nuestras actividades en varias zonas del centro y este de Tigray, aunque seguiremos prestando apoyo en otras, con todas las precauciones necesarias.
Tras el brutal asesinato de tres de sus integrantes en la región etíope de Tigray el pasado 24 de junio, instamos a que se investiguen inmediatamente los asesinatos e insistimos en la importancia de garantizar que los trabajadores humanitarios puedan siempre desarrollar su trabajo en condiciones de seguridad. A raíz de los asesinatos, anunciamos la suspensión de nuestras actividades en Abi Adi, Adigrat y Axum —en el centro y este de Tigray—. Nuestras equipos que se encuentran en otras zonas de Tigray seguirán prestando apoyo, con todas las precauciones necesarias, a multitud de personas que necesitan de ayuda urgente.
“Han pasado casi dos semanas desde que nuestros compañeros fueran asesinados. Nadie ha reivindicado la autoría de los asesinatos y las circunstancias que rodean a sus muertes siguen sin estar claras”, afirma Teresa Sancristoval, nuestra directora de Operaciones. “Por eso, pedimos a las autoridades competentes que inicien una investigación inmediata para esclarecer las circunstancias de sus muertes y que se nos informe en detalle sobre lo sucedido y sobre quiénes son los responsables directos. En estos momentos tan trágicos, hemos tomado la decisión dolorosa y difícil, pero necesaria, de suspender nuestras actividades en varias zonas de Tigray”.
Los tres integrantes de nuestro equipo que fueron asesinados vestían ropa que los identificaba como trabajadores de MSF y viajaban en un vehículo de la organización claramente identificado. Habían estado trabajando en la zona desde febrero de 2021, donde se dedicaban exclusivamente a actividades médicas y humanitarias, conforme al derecho internacional humanitario, y en diálogo y bajo la aceptación de todas las partes del conflicto.
“El asesinato de nuestros compañeros —María, Tedros y Yohannes— es un trágico ejemplo del más absoluto desprecio por la vida humana que nuestros propios equipos han observado en este conflicto”, afirma Sancristoval. “El nivel de violencia ejercida contra la población civil y las atrocidades cometidas en Tigray son absolutamente estremecedores”.
Desde que comenzó el conflicto en Tigray en noviembre de 2020, el personal médico y humanitario han sido objetivo directo de ataques, y las instalaciones sanitarias y ambulancias han sido saqueadas, destruidas o instrumentalizadas con fines militares. Nuestro personal ha sido amenazado y agredido, y ha presenciado incursiones armadas en instalaciones sanitarias que apoyamos. Las organizaciones de ayuda humanitaria, entre ellas MSF, nos hemos visto perjudicadas en repetidas ocasiones por declaraciones públicas que arrojan sospechas injustificadas sobre nuestras actividades, con lo que se ha puesto en peligro la seguridad de nuestros equipos en el terreno.
“Para que MSF y otras organizaciones humanitarias puedan seguir trabajando en Tigray y en el resto de Etiopía, todas las partes del conflicto deben dar garantías de que su labor puede llevarse a cabo en condiciones de seguridad”, manifiesta Sancristoval.
“Las partes del conflicto deben asumir sus responsabilidades y garantizar que no vuelva a ocurrir un suceso semejante al del asesinato de nuestros compañeros”, señala. “Es fundamental que el personal médico y humanitario pueda llevar a cabo sus actividades con seguridad, en un entorno de confianza y respeto. Las organizaciones humanitarias deben poder prestar ayuda, de forma independiente e imparcial, atendiendo a las necesidades de las personas”.
La suspensión de nuestras actividades en Abi Adi, Adigrat y Axum tendrá importantes repercusiones médicas y humanitarias para la población del centro de Tigray. Durante los últimos seis meses, nuestros equipos desplazados a estas tres zonas han proporcionado atención médica de urgencia a 9.440 personas; han practicado 763 cirugías que han salvado vidas; han hospitalizado a más de 3.000 personas; han asistido a más de 3.300 mujeres en el parto; han realizado 365 cesáreas de urgencia; han prestado cuidados médicos a 335 supervivientes de violencia sexual; y han dado apoyo en salud mental a 1.444 personas. Antes de suspender sus actividades, nuestros equipos donaron material médico a la Oficina Regional de Salud de Tigray y a los hospitales, que siguen desbordados por el elevado número de pacientes que necesitan atención médica.
“La decisión de suspender nuestras actividades creará un vacío a la hora de prestar una ayuda que resulta completamente necesaria para salvar vidas”, explica Sancristoval. “Sabemos que un alto número de pacientes se quedará sin recibir atención médica y que algunas personas no sobrevivirán; somos conscientes del inasumible peso que tendrá que soportar lo poco que queda del sistema de salud en Tigray. Sin embargo, nuestros equipos tienen que poder prestar ayuda humanitaria a las comunidades afectadas por el conflicto en condiciones de seguridad”.
