El 19 de julio de 1924, cientos de mujeres, niños y hombres de los Pueblos Originarios Qom y Mocoví fueron asesinados por la policía chaqueña, grupos estancieros y otros miembros de la sociedad no indígena cuando reclamaban una paga justa por su empleo en la cosecha de algodón de los grandes terratenientes. De la Comunidad Napalpí buscaban mano de obra que era obligada a trabajar en situación de semi esclavitud.
Dada las extremas condiciones laborales, decidieron declararse en huelga, denunciando los maltratos y la explotación imperante. Pero el gobernador -Fernando Centeno – nombrado por el presidente de la Nación Marcelo T. de Alvear, les prohibió abandonar Chaco y, ante la persistencia Indígena, ordenó la represión.Durante la mañana del 19, un grupo de unos 130 hombres fuertemente armados entre policías, terratenientes y civiles, rodearon el campamento donde se habían reunido las Comunidades Indígenas en protesta, mientras estas danzaban en una celebración religiosa en el lugar sagrado llamado Aguará. Tronaron los Mauser y las ametralladoras, los atacantes los sorprenden disparando a mansalva, nadie dentro se pudo defender, no estaban armados. Luego de más de media hora de fusilamiento, los sanguinarios atacantes entraron a la “alojada” para rematar a machetazos y hachazos a quienes quedaban vivos, muchos moribundos. Los heridos fueron degollados, amputados y algunos colgados.La crónica de la época lo retrató así: “Como a las nueve de la mañana, y sin que los inocentes indígenas hicieran un solo disparo, [los policías] hicieron repetidas descargas cerradas y enseguida, en medio del pánico de los indios (más mujeres y niños que hombres), atacaron. Se produjo entonces la más cobarde y feroz carnicería, degollando a los heridos sin respetar sexo ni edad”, dijo el periódico Heraldo del Norte. Ya todos los responsables habían muerto cuando el Estado argentino en el año 2014, a través del Ministerio Público, investigó durante cuatro años los eventuales delitos de lesa humanidad cometidos en Napalpí, para luego solicitar la apertura de un Juicio por la Verdad.Fue el 14 de septiembre de 2020 cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco, en un pormenorizado y destacado fallo unánime, con la firma de las Magistradas María D. Denogens (Juez de 1º voto) y Rocío Alcalá (Juez de 2º voto), hizo lugar en todas sus partes a la Acción Resarcitoria, condenando al Estado Argentino a pagar $ 375.930.000, por este Genocidio donde fueron ultimados más de 1.500 niños, ancianos, mujeres y hombres. Además, se ordenó al Gobierno argentino instrumentar un plan de desarrollo con inversiones públicas, con asignación de recursos y la constitución de una Mesa de Diálogo con el Poder Ejecutivo argentino y organizaciones como Fundación Napalpí, Asociación Comunitaria Colonia Aborigen y Organización Indígena La Matanza.Este acto criminal pretendió callar a un Pueblo Indígena que, 97 años después, sigue alzando su voz, exigiendo al Estado que respete sus derechos y cumpla con sus obligaciones.
