Destacados intelectuales, académicos, artistas y referentes sociales, entre los que destacan figuras de talla como Domingo Rivarola, Margarita Duran, Marcelo Martinesi, Pai Oliva, Miguel Angel Verdeccia, Mirta Barreto, Rosa Palau, Graciela Ocariz, Ricardo Flecha, Guillermina Kanonikoff, Tomas Zayas, Ticio Escobar, Silvio Rodas, Margarita Irun, Teresa Gonzalez Meyer, entre mas de un centenar de firmas, elevaron el día 10 de mayo enfáticas denuncias ante las presidencias de los tres Poderes del Estado sobre la situación de exterminio en que hoy se debaten los pueblos indígenas del Paraguay. En un demoledor análisis de poco más de tres páginas se expone punto por punto lo que consideran “uno de los crímenes mas aborrecibles de las sociedades civilizadas: el paulatino etnocidio de las 19 Naciones Indígenas. Aquí, el texto completo.
¡BASTA YA!
En circunstancias en que un nuevo gobierno asume la responsabilidad de administrar los bienes y el bienestar de la República, los abajo firmantes nos dirigimos a las inteligencias más ilustres y audaces de los tres Poderes del Estado y a toda la sociedad paraguaya, para expresar no solo nuestro asombro y estupor sino nuestro malestar teñido de temor por la situación de exterminio a la que aceleradamente son sometidas las naciones indígenas que habitan el Paraguay. En esta perspectiva, es preciso ser claros sobre los siguientes hechos alarmantes cuya reversión implica asumir cuestiones fundamentales como:
1. Las normas constitucionales y los convenios internacionales que reconocen derechos de los pueblos indígenas en su condición de naciones anteriores a la constitución del Estado Paraguayo, son sistemáticamente violadas. Su incumplimiento conlleva uno de los crímenes más aborrecibles en las sociedades civilizadas: el paulatino etnocidio de las 19 naciones indígenas.
2. La violación de estos derechos implica la sistemática expulsión de comunidades enteras de sus territorios boscosos de ocupación inmemorial, hoy convertidos en inmensos océanos de soja y de ganado vacuno, y de agua en el caso de las dos grandes hidroeléctricas, Itaipú y Yacyreta. De estos bosques, donde los indígenas se refugiaron para defender su “avaidad”, su condición humana y donde vivieron ellos y sus ascendientes por siglos, han sido y están siendo arrancados de la manera más perversa y brutal, mediante su sistemática destrucción. Hasta aquellas pocas y aisladas comunidades indígenas con tierras legalmente aseguradas, abandonadas a su suerte, están siendo impunemente ocupadas en régimen de alquiler por empresas de la soja y la carne, mientras sus centenarios propietarios sobreviven como refugiados en sus propias tierras, apenas habitables por la destrucción medioambiental.
3. Ecosistemas, biodiversidad y pueblos indígenas destruidos es uno de los rostros de este despojo. Paradójicamente, el otro rostro es la creación de reservas privadas por parte de los mercaderes del ambiente que, con el argumento de proteger o regenerar lo destruido, expulsaron a la calle a los indígenas convirtiéndolos en peones en sus tierras enajenadas. En este estado de cosas cabe preguntarse: ¿El Paraguay ha renunciado a su territorio y soberanía?
4. En contrapartida al prestigioso lugar que ocupa el Paraguay en la producción mundial de la carne, una investigación de la Organización Internacional del Trabajo del año 2005 sostiene en un informe al Gobierno paraguayo que en el
Chaco, en áreas de los menonitas “al menos 7.930 personas indígenas estarían sometidas directamente a diversas formas de trabajo forzoso, en particular bajo formas de servidumbre por deudas previamente contraídas con los estancieros que los contratan. Y en un reciente informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas, Victoria Taulia-Corpuz se advierte sobre los “patrones de discriminación que persisten en las colonias menonitas, en ausencia (…) del Estado, que conduce a violaciones de los derechos humanos de los indígenas que residen en ellas”. Poco tiempo después de este informe, hace menos de dos años, una comitiva fiscal rescató de una estancia chaqueña a 35 indígenas en régimen de esclavitud.
5. Es necesario admitir la escandalosa inhumanidad develada en un informe de la FAO, el INDI y el MAG al gobierno paraguayo, en el año 2014, entre los que se señala que los pueblos indígenas del Paraguay constituyen el 21,4% de la población rural más pobre del país, y son más pobres que las familias campesinas en extrema pobreza; entre los niños indígenas la pobreza es 2,4 veces mayor que entre la niñez paraguaya, en tanto que la desnutrición crónica (baja estatura para la edad) es de 41,7% mientras que la no indígena es de 17,5%; la frecuencia de la anemia en niños paraguayos es de 45,8%, mientras que en niños indígenas es del 74,4%. Esta discriminación racista de características etnocidas es responsabilidad del Estado en corresponsabilidad con las grandes corporaciones y organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, que prefieren ignorar estas tragedias humanas. Al respecto, la mencionada relatora responde en los siguientes términos: “el racismo y la discriminación se encuentran en el fondo de los problemas que sufren los pueblos indígenas del Paraguay”.
6. Durante el largo periodo de la dictadura de Stroessner se asistió al saqueo de inmensos territorios étnicos, al despojo de sus tierras y a la destrucción de su patrimonio cultural. Durante ese periodo se registró el genocidio de los Ache, se permitió a los misioneros norteamericanos de las “A las Nuevas Tribus” y a los salesianos la captura organizada de Ayoreos silvícolas para cristianizarlos; se permitió el brutal desalojo de un centenar de familias Mbya y Ava guaraní que se negaron a abandonar su Tekoha, y la tortura de su líder religioso “hasta que le brillen los huesos” por orden directa del que fuera senador y presidente de la Asociación Nacional Republicana, Blas N. Riquelme, propietario del gran latifundio Campo Morumbi; Se permitió que el horror y la barbarie con figura humana se hiciera presente en 1986 en la comunidad Paî Tavyterá de Takuaguyogue, cuando un destacamento militar al mando del entonces Coronel Lino César Oviedo ocupó, expulsó y torturó a los indígenas y luego deforestó sistemáticamente el bosque de los primigenios habitantes del bosque.
A todo esto, debe sumarse la inundación de inmensos territorios de los Mbya, Ava Guaraní y Ache, por las los grandes represas hidroeléctricas de las empresas binacionales Itaipu y Yacyreta.
7. Ninguna institución del Estado o de la sociedad civil y política, al igual que las dos grandes empresas binacionales, asumió hasta la fecha la responsabilidad de impulsar el resarcimiento y las justas compensaciones a todos aquellos pueblos, comunidades, familias y personas, victimas de saqueos, pillajes, torturas, despojos, desalojos, expulsiones, inundaciones bajo el régimen de la dictadura de Stroessner. No se conoce un solo caso en que los indígenas hayan sido compensados o indemnizados como víctima de la dictadura, excepto uno: Heliodoro Piris, líder de una comunidad Ava Guaraní integrada por 36 familias, quien en 1987 recibió en compensación por las tierras de donde fueron desalojados y en compensación a sus maizales, porotales, mandiocales y naranjales, un lote de alimentos por valor de 130.000 Gs. (ciento treinta mil guaraníes) consistente en 6 bolsas de harina, 200 kg de fideo, 60 kg de grasa, 68 kg de galleta y 100 kg de azúcar. No se sabe, sin embargo, si quien lo hizo, lo hizo como senador o como Blas Riquelme.
8. Debemos ser muy firmes en reconocer que la cacería de indios iniciada en tiempos de la conquista continúa en distintas modalidades, en pleno siglo XXI; si ayer fueron las rancherías para caza de mujeres y mano de obra, o la de los bandeirantes mamelucos para caza de esclavos indígenas, hoy lo son las sectas religiosas fundamentalistas que organizan cacerías para “salvar almas”, y con los nuevos conversos atropellan, satanizan y destruyen los símbolos de las creencias divinas de los pueblos indígenas. La reciente abyecta conducta antijurídica del pastor evangélico Serafín Navarro de destruir impunemente objetos simbólicos considerados sagrados por los indígenas bajo la justificación de “expulsión de demonios”, no es un caso aislado, es la despreciable y cotidiana perversidad que ocurre en numerosos pueblos indígenas.
9. Puede afirmarse de manera inequívoca que los responsables de la administración de justicia penal en el Paraguay, al igual que la ex SEAM, hoy Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y la Defensoría del pueblo han contribuido al alarmante estado en que se debaten los pueblos indígenas; no por falta de leyes y disposiciones constitucionales o recursos organizativos y administrativos, sino por pereza, ineptitud, corrupción en permitir desalojos, deforestaciones y quema de ranchos, templos y espacios ceremoniales de comunidades indígenas. Estas instituciones han renunciado a su obligación de hacer cumplir las leyes. Tampoco debe descartarse que tal actitud responda a la inveterada herencia cultural colonialista instalada como un tatuaje en el ADN de significativos sectores de la sociedad paraguaya, de la que nos alerta y reprocha la mencionada relatora de las Naciones Unidas: “el racismo y la discriminación” es la causa del sufrimiento de los pueblos indígenas en el Paraguay.
10. Seamos finalmente claros al confesar que ante el malestar teñido de temor que nos asalta, desconcertados y alarmados nos preguntamos: Si la administración de Justicia ha renunciado a hacer cumplir la ley y decir el derecho, y el Paraguay ha renunciado a su territorio y soberanía, ¿qué nos espera? Las familias indígenas de las esquinas de los semáforos o aquella niñez indígena que sobrevive bajo los puentes, desnutrida, anémica y con los ojos desorbitados por la “cola de zapatero”, son muestras de lo que nos está pasando, de lo que nos puede pasar a todos.
Decimos ¡Basta! a todos estos impúdicos actos de crueldad y barbarie contra los pueblos indígenas. Enfáticamente postulamos:
1. Basta ya de desalojos de pueblos y comunidades indígenas de sus ancestrales ocupaciones; basta ya de quema de ranchos, patrimonios simbólicos y espacios ceremoniales de pueblos indígenas, con intervención de fiscales, jueces y la fuerza pública del Estado Paraguayo; basta ya de deforestaciones de territorios indígenas autorizados por organismos del Estado paraguayo.
2. Basta ya de esa extraña y absurda exigencia de los gobernantes paraguayos que para legalizar tierras indígenas se tenga que demostrar que los indígenas son los dueños de las tierras que ocupan porque, son ellos los dueños de los ríos y arroyos que ocupan, son los dueños de las selvas que ocupan.
3. Basta ya de que las dos grandes empresas hidroeléctricas binacionales Itaipu y Yacyreta se desentiendan de la deuda histórica mantenida con los pueblos indígenas cuyas tierras han sido descarada e impunemente anegadas por ambas represas. Esa deuda debe ser inmediatamente saldada y aplicada para revertir en breves años la alarmante situación de exterminio en que se encuentran estos pueblos.
4. Basta ya de que la Defensoría del Pueblo se desentienda de la deuda histórica mantenida con todos aquellos pueblos, comunidades, familias y personas víctimas de la dictadura del régimen stronista. Esta deuda debe saldada y aplicada para revertir en breves años la alarmante situación de exterminio en que se encuentran estos pueblos.
5. Basta ya de sojeros y ganaderos explotando impune y públicamente las pocas tierras de las comunidades indígenas.
6. Basta ya de cazadores de almas en las comunidades indígenas.
7. Basta ya de instalación de reservas privadas y parques públicos en territorios indígenas como los del Cerro León en el Chaco en tierras de los Ayoreo o la Reserva Mbarakayú de las naciones Guaraní Mbya y Ava Guaraní y Aché, desalojadas cada cual a su turno.
8. Basta ya de la política de exterminio eficientemente aplicada contra las 19 naciones indígenas que pueblan el país que entre otras cosas se refleja en el incumplimiento de la Constitución Nacional, las leyes y los convenios, lo que le ha valido sanciones al Estado paraguayo.
9. Basta de no asignación presupuestaria para garantizar el pago de la indemnización de las tierras indígenas y frenar la regresión demográfica.
