Ante la difusión en medios periodísticos y Redes Sociales de un borrador respecto de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) redactado por el Poder Ejecutivo Nacional, que introduciría cambios en el financiamiento de las prestaciones dirigidas a personas con discapacidad, desde la Red T21 manifestamos nuestra profunda preocupación por la angustia que genera entre las familias la falta de precisiones sobre su posible instrumentación. En tal sentido, pedimos que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que está en pleno conocimiento de la situación -según confirmó su Director Ejecutivo Fernando Galarraga-, explique con claridad cuál es el panorama.
Las organizaciones de la Red T21 entendemos que el Sistemas de Prestaciones Básicas debe mejorarse, ya que hoy las personas con discapacidad y sus familias tienen numerosos inconvenientes para que buena parte de las obras sociales les brinden una atención de calidad. Pero seguimos con mucha atención la posible sanción de este DNU, ya que despierta serias dudas, entre otras cuestiones, sobre cómo sería la eficiencia de la cobertura y el pago de las prestaciones que reciben hoy las personas con discapacidad si pasaran a la órbita del Estado.
Por otro lado, siempre según el borrador del DNU que circula, nos llama la atención su carácter discriminatorio hacia las personas con discapacidad, que aportan a las obras sociales. No se entiende, en rigor, por qué motivo su atención prestacional pasaría a ser financiada por el Tesoro Nacional y no tendrían el mismo tratamiento que el resto de los afiliados.
Pedimos que el Estado nacional cumpla con el artículo 25° de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU), que en nuestro país tiene carácter supranacional, y que declara: “Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad”.
Aprovechamos para recordar que la situación sanitaria del colectivo con trisomía 21 en nuestro país, según el relevamiento de la campaña “Síndrome de Números” -primera base de datos dinámica online de personas con síndrome de Down del mundo-, requiere de políticas urgentes, tal como señalan los siguientes indicadores: 66% de las personas con síndrome de Down que no tienen Certificado Único de Discapacidad son niños y niñas, como así también el 58% de quienes declaran no tener cobertura médica.
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Acerca de la Red T21
La Red T21 reúne a asociaciones y grupos de familias de personas con trisomía 21 de distintos puntos de la Argentina. Su Misión consiste, según el Manifiesto fundacional, en articular a las organizaciones y alianzas de familias del país para “desarrollar una acción política, cultural e institucional representativa en la defensa y promoción de los derechos e intereses de las personas con síndrome de Down”.
Somos parte de la Red T21: ASDEC (La Rioja), ASDRA, Down Formosa, Down Catamarca, Colibrí (Salta), Asociación Civil Todos Juntos (Jujuy), Asociación Villa Ángela Trisomía 21 (Chaco), Pequeño Mundo (Misiones), Down is Up Tucumán, ADOM (Mendoza), ARID (San Juan), ASDCU (Concepción del Uruguay), Fundación Incluir (Entre Ríos), Caleuche (La Pampa), AISDRO (Rosario), Down is Up Córdoba, AVISDOWN (Villa María), Caleuche (La Pampa), Tandil Inclusiva (provincia de Buenos Aires), Asociación T21 El Trébol (Santa Fe), Fundación Par 21 (San Luis), Dar 21 (Partido de la Costa rionegrina), ApaSiDo (Neuquén y Río Negro), APASDECH (Chubut) y ASDRIG (Santa Cruz).
